El diputado Baltazar Gaona García calificó como un paso trascendental para la salud financiera del estado la decisión unánime de la Septuagésima Sexta Legislatura de declarar el ha lugar a una iniciativa de reforma constitucional.
05:57 PM 04/02/2026
Morelia, Michoacán; 4 de febrero de 2026.- El diputado Baltazar Gaona García calificó como un paso trascendental para la salud financiera del estado la decisión unánime de la Septuagésima Sexta Legislatura de declarar el ha lugar a una iniciativa de reforma constitucional que busca impedir la contratación de deuda pública de largo plazo que comprometa a futuras administraciones estatales y municipales.
El legislador del Partido del Trabajo subrayó que esta determinación responde a una exigencia social largamente postergada, frente a un modelo de endeudamiento que por años limitó la capacidad de inversión pública en Michoacán. “Durante mucho tiempo se instaló la idea de que para hacer obra había que endeudar al estado, y eso no solo fue falso, sino costoso para las y los michoacanos”, expresó.
Gaona García advirtió que el impacto del endeudamiento heredado sigue siendo una pesada carga para las finanzas públicas, al obligar a destinar cada año miles de millones de pesos únicamente al pago del servicio de la deuda. “Son recursos que podrían transformarse en obra pública, programas sociales, apoyo directo a los municipios y atención a necesidades urgentes de la población, pero que hoy siguen absorbiéndose por decisiones tomadas sin responsabilidad”, señaló.
El diputado sostuvo que la iniciativa abre un debate de fondo sobre la disciplina financiera y el uso responsable de los recursos públicos, al establecer que cualquier esquema de financiamiento deberá sujetarse a criterios estrictos de responsabilidad hacendaria, sostenibilidad y transparencia. “No se trata de un debate ideológico, sino de asumir que el estado ya no puede seguir viviendo a costa del futuro de las y los michoacanos”, afirmó.
Desde la visión del Grupo Parlamentario del PT, explicó Gaona García, prohibir la deuda que rebase el periodo constitucional obligará a los gobiernos a planear mejor, innovar y generar estrategias propias de desarrollo. “Esto va a exigir que quienes gobiernan piensen, creen y gestionen soluciones reales, dejando atrás el camino fácil del endeudamiento”, puntualizó.
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