El diputado Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar de Michoacán, que busca incorporar de manera obligatoria el Protocolo de Actuación Judicial en todos los casos que involucren a personas menores.
11:16 PM 01/05/2026
Morelia, Michoacán 30 de abril del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, el diputado Iván Vera presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar de Michoacán, que busca incorporar de manera obligatoria el Protocolo de Actuación Judicial en todos los casos que involucren a personas menores de edad.
Durante su intervención, el legislador destacó que actualmente existe un vacío legal que genera criterios dispares en la actuación de las autoridades, lo que puede derivar en incertidumbre jurídica y, en algunos casos, en la revictimización de niñas, niños y adolescentes dentro de los procesos judiciales.
La propuesta plantea la creación de un nuevo capítulo en el Código Familiar, mediante el cual se establecen lineamientos claros para que juezas, jueces, magistraturas, oficiales del Registro Civil y demás servidores públicos actúen bajo parámetros especializados, con enfoque en el interés superior de la niñez.
Asimismo, la iniciativa contempla la participación efectiva de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos que les afectan, garantizando que sean escuchados conforme a su edad y nivel de madurez, en un entorno libre de cualquier tipo de violencia institucional.
Entre los puntos relevantes, se incluyen obligaciones de capacitación anual para los operadores del sistema de justicia familiar, mecanismos de coordinación interinstitucional y la implementación de sistemas de evaluación y seguimiento por parte del Poder Judicial.
El diputado subrayó que esta reforma busca dar fuerza legal a un instrumento ya existente, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para asegurar su aplicación obligatoria y uniforme en todo el estado.
Finalmente, reiteró que esta iniciativa responde a los compromisos constitucionales e internacionales del Estado mexicano en materia de derechos de la infancia, y representa un paso firme hacia la construcción de una justicia familiar más humana, sensible y centrada en quienes más lo necesitan.
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