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El impacto mediático que tuvo la decisión presidencial de eliminar el pago de tenencia tuvo reacciones encontradas pero, sobre todo, la convicción de que este gobierno sigue creyendo que el pueblo de México es tonto y puede ser manejado a través de este tipo de estrategias, que no son otra cosa que medidas populistas sin un impacto real en la economía general.
Y es que de acuerdo con las estadísticas, se estima que 300 mil personas tienen la posibilidad económica de comprar un auto nuevo cada año, mientras que otro millón y medio pueden adquirir un automóvil nuevo en espacios mayores de tiempo. Finalmente, en los mejores años, los distribuidores de automóviles han logrado vender un millón de unidades.
La inmensa mayoría de los mexicanos no tienen ni qué preocuparse por el tema, por el sencillo hecho de que ni siquiera aspiran a comprar un automóvil, mucho menos si se tratara de uno nuevo.
La clase media, cada vez más extinta, está integrada por profesionistas y pequeños empresarios que con muchas dificultades logran tener un vehículo en regulares condiciones y, para ellos, el pago de la tenencia seguirá sacándoles dinero de sus bolsillos, al menos durante los próximos dos años, hablamos aquí de una cifra aproximada de 21 millones de mexicanos que no serán beneficiados con la cacaraqueada medida del ejecutivo federal.
Por otro lado, la decisión de Felipe Calderón Hinojosa, tuvo que ver con las dificultades que enfrenta el Partido Acción Nacional en las elecciones de varios estados de la república, donde se aliaron con su principal enemigo ideológico con tal de sacar al PRI, pero con resultados poco benéficos.
Fue una medida desesperada del presidente para rescatar algo de su popularidad y, como consecuencia, la de los candidatos de su partido, sin embargo, como ya vimos, los mexicanos se pudieron dar cuenta rápidamente del truco y no cayeron en la trampa.
Esto se parece mucho a los timadores callejeros de ¿dónde quedó la bolita?, quienes acostumbran enseñarle al incauto la esfera deseada, para motivarlo a que apueste creyendo que va a ganar, pero el resultado final ya todos lo conocemos.
JUICIO POLÍTICO.- Desde que se aprobaron las reformas a la Constitución local y la correspondiente Ley Orgánica del Poder Legislativo, en la que se estipulan con toda precisión los procedimientos a seguir para la realización de un juicio político, los michoacanos no hemos tenido la oportunidad de ver a los diputados locales constituirse en Gran Jurado.
Dos temas aguardan una decisión de los legisladores para estrenarse con este mecanismo de control. El de la ex presidenta municipal de Uruapan Mary Dódolli, de extracción panista y el del edil en funciones de Tzintzuntzan Abel Martínez, emanado de las filas del Partido Verde Ecologista de México.
Las presiones políticas para los diputados están al orden del día, sobre todo en el caso de Abel Martínez, quien no escatima en la movilización de sus simpatizantes para que lleguen al Palacio Legislativo, exigiendo el respaldo al edil que se atrevió a despedir al síndico y regidores, medida que le fue rebatida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Por otra parte, los opositores al edil, quien hace recordar aquella película de “La Ley de Herodes”, exigen al Congreso que actúe ya y se termine con el conflicto que mantiene a ese municipio en condicionas que le impiden acceder a la realización de obra convenida, con lo que los principales afectados, como siempre, son los habitantes.
Ellos han dicho que están dispuestos a acudir a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para quejarse por la inacción de los congresistas michoacanos, aún cuando el diputado Jesús Lucas Ángel reconocer que existen los elementos suficientes para que proceda el juicio político.
OTRO CAMBIO DE NOMBRE.- Luego de que se diera a conocer a través de esta columna que la actuaria Irma Aurora Villaseñor Ávila, directora del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación había evadido “inteligentemente” la decisión del Congreso local para otorgar la gratuidad en las instituciones de educación media y superior, reasignando el concepto de inscripción como “Registro de Perfil”, decidió cambiar de estrategia.
Mediante una circular, dio instrucciones para que se cobrara lo que antes era inscripción, ahora bajo el concepto de “PAGO DE GASTOS DE ASESORÍA Y ADMINISTRACIÓN.
Pero el asunto va más allá de lo meramente administrativo, porque ya se despertó la inquietud entre la comunidad estudiantil de ese instituto y se están dando las primeras manifestaciones de inconformidad por parte de los alumnos, quienes inclusive estarían dispuestos a acudir ante el Congreso local, a fin de que éste asigne el presupuesto necesario para el funcionamiento del IMCED. Son apenas 56 millones de pesos al año, una bicoca.

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