Michoacán necesita vivir en paz: Carlos Torres Piña

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Lo que demuestra claramente que las estrategias de militarización no ayudan a disminuir la violencia, sino que la incrementa de forma drástica, así como la violación sistemática a los derechos humanos

09:41 AM 15/01/2018

Morelia, Mich.- A más de una década de que inició la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, un estudio elaborado por el Senado de la República reveló que esta estrategia no redujo la violencia en el país sino todo lo contrario.

Lo que demuestra claramente que las estrategias de militarización no ayudan a disminuir la violencia, sino que la incrementa de forma drástica, así como la violación sistemática a los derechos humanos.

Por eso, hoy quiero dejar clara mi postura sobre dos temas trascendentales que a decir de expertos han llegado para acotar las libertades de los ciudadanos.

Una es la Ley de Seguridad Interior y otra es la reforma al artículo mil 916 del Código Civil que conocemos como ley mordaza. Ambas propuestas en un gobierno priista, impulsadas y aprobadas por legisladores del PRI.

Coincidimos con las voces que rechazaron la Ley de Seguridad Interior entre ellas, las de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y múltiples organizaciones de la sociedad civil.

La razón principal es la paz y la seguridad de las y los michoacanos:

Porque nosotros lo vivimos; cuando se puso en marcha la “guerra contra el narco”, la violencia se encontraba en niveles mínimos históricos.

Esto quiere decir que no existía una crisis de seguridad que justificara el despliegue de las Fuerzas Armadas y aun así se hizo.

Más de diez años después, aun tenemos a 52 mil soldados que aun participan en los operativos anti narco, sin embargo, no tenemos información que permita evaluar el desempeño y los resultados.

Sin embargo, el centro de estudios legislativos del Senado, constató que antes del inicio de la guerra contra el narco, México experimentaba un índice anual de 9 mil asesinatos, cifra que se elevó a 27 mil a raíz de que esta estrategia fue puesta en marcha.

Por esas razones, no podemos permitir que se normalice la participación de las fuerzas armadas en labores policiales y menos cuando llevamos décadas presenciando las violaciones de derechos humanos ante la presencia de las fuerzas armadas en la tareas de seguridad; al contrario, se tiene que pensar en un retiro progresivo a la par de una profesionalización de la policía.

Por eso desde el Senado junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, daremos seguimiento continuo a esta Ley.

Necesitamos que su aplicación se haga dentro del marco del respecto a los derechos humanos. Además de que vamos a trabajar para proponer la modificaciones necesarias para que podamos alcanzar el objetivo de vivir en una sociedad más segura.

Michoacán no puede seguir siendo objeto de intervenciones y de experimentos de la Federación violentando su soberanía.

Y lo mismo haremos, por lo que respecta a la ley mordaza la cual tipifica como delito comunicar, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, la imputación de hechos ciertos o falsos a una persona física o moral, cuando pueda causarle deshonra, descrédito, perjurio, o exponerlo al desprecio de alguien.

Porque como ustedes saben, si bien la libertad de expresión está protegida, con el PRI en el gobierno, estamos viviendo una regresión en materia de derechos humanos.

Está claro que con este tipo de reformas se quiere mandar un mensaje para inhibir la libertad de expresión, pero no lo vamos a permitir. Esas serán otros de nuestros objetivos en el Senado.