RENAU: ¿ineficiencia de quiénes?

En una conferencia presentada en el VII Foro Internacional de Gobernabilidad y Desarrollo Democrático, celebrado en Morelia, Michoacán, durante la última semana del mes de abril,el investigador y constitucionalista Arnaldo Córdova señalaba que el Estado mexicano es sólido en lo que corresponde a la existencia de sus instituciones jurídicas y que si algo ha fallado en su funcionamiento son los hombres que lo conforman y participan en su operación.

En ese sentido, pareciera a este autor que, el Registro Nacional de Usuariosde Telefonía Celular que se creó como resultado de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones aprobadas por el Congreso de la Unión de enero del 2009 constituyó un acierto de parte de los legisladores y la rectificación de un vacío jurídico que se venía arrastrando desde que se otorgaron las primeras concesiones de telefonía celular a las empresas que ofrecen ese servicio.

Con el ordenamiento establecido en las reformas sobre el tema a la Ley Federal de Telecomunicaciones el Congreso contribuyó al fortalecimiento del marco jurídico que debe regular la asignación y el buen uso de teléfonos celulares en el país, cuestión que no estaba prevista en la Ley por una omisión del gobierno de la República al haber permitido durante años la asignación y venta de líneas de teléfonos celulares a ciudadanos anónimos. Este hecho resultó a la larga en el mal uso y el abuso de los celulares para cometer miles de ilícitos desde el anonimato. Nadie está exento de haber sido víctima, o de tener un familiar o un amigo que haya sido, de una extorsión o un intento de extorsión, desde un celular anónimo.

Felizmente los legisladores federales subsanaron ese vacío jurídico al haber establecido la obligatoriedad a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a llevar un registro y control separado de sus usuarios, tanto en la modalidad de líneas contratadas en plan tarifario, como en líneas de prepago, el cual debiera contener como mínimo los siguientes datos: número y modalidad de la línea telefónica; nombre completo, domicilio, nacionalidad, datos contenidos en identificación oficial vigente con fotografía, huella dactilar, así como comprobante de domicilio actualizado del usuario.

En caso de personas morales, además de los datos señalados, se deberá registrar la razón social de la empresa, cédula fiscal y copia del documento que acredite capacidad para contratar el servicio.

Pero además, para prevenir en lo posible el usos de teléfonos celulares para la comisión de los delitos de extorsión, amenazas y chantaje, entre otros, los legisladores establecieron en la Ley la obligatoriedad de que las empresas concesionarias de telefonía celular conserven un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permita identificar con precisión: el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago, así como: fecha, hora y duración de la comunicación.

De lo anterior se concluye que hoy en día tenemos en nuestra legislación los mecanismos necesarios para garantizar contar con un registro confiable de los tenedores de cada uno de los más de ochenta millones de celulares que hay en el país, así como de la posibilidad de dar seguimiento al uso que se hace de los mismos en caso de necesidad judicial.
Sin embargo, por decisión unilateral de las autoridades de telecomunicaciones, el registro de los millones de celulares que se han incorporado al RENAU ha consistido únicamente en que el usuario cada celular otorgue telefónicamente los datos de su Clave Única de Registro de Población, CURP. Cuestión, a todas luces fácil de falsear, ya que cualquiera puede registrar un celular con la CURP de un tercero.

Lo anterior, a los ojos de miles o millones de usuarios ha significado que el RENAU se visto como un fraude para la población. Sin embargo, la responsabilidad no es de los legisladores o de los ciudadanos, sino de los funcionarios del gobierno federal, que pareciera una vez más han torcido impunemente el espíritu de la Ley, con el ánimo de facilitarle las cosas a los concesionarios, pero dejando de lado los intereses de la población del país, que es a la que se deben.

Sería de esperarse que este grave asunto se subsane; se investigue a los responsables, y se les sanciones con todo el peso de la Ley, si como parece, incurrieron en violación de la misma.

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