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Por Juan Pérez Medina (Parte 1). La CFE es reconocida como una de las mayores empresas eléctricas del mundo y su objetivo principal es proveer el servicio de energía eléctrica a la población mexicana. En 2013 los partidos neoliberales (PAN, PRI y PRD principalmente) promulgaron una contrarreforma energética que abría las puertas a las empresas privadas, principalmente extranjeras, creando un mercado eléctrico que las ponía en infinita ventaja con respecto de la propia CFE, a la cual le tocaba subsidiar el enorme negocio de la generación, conducción y distribución de electricidad por encima del interés general de los mexicanos. Con ello, las voraces empresas monopólicas extranjeras, como la empresa española Iberdrola, para la cual trabajó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, se beneficiaban de la enrome infraestructura instalada que la CFE ha desarrollado a lo largo de los años, con el esfuerzo y participación de todos los mexicanos, sin costo alguno. Además, por si fuera poco, se obliga a la CFE a priorizar la entrada a la infraestructura eléctrica instalada, propiedad de la propia CFE, de la electricidad que producen las empresas privadas, antes que la que la propia CFE es capaz de generar, manteniendo a las termoeléctricas, hidroeléctricas, carboeléctricas, nucleoeléctrica, geotermoeléctricas, eoloeléctricas, turbogaseras, de combustión interna, y solar fotovoltaica funcionando a su mínima capacidad. ¡Un negocio redondo para el sector privado, pues se proponían ganar dinero a costa del sistema eléctrico nacional y con coste para la población pues, la prometida baja de las tarifas eléctricas prometidas con la reforma, nunca llegó! Para estas empresas no es, ni será prioridad el objetivo de garantizar el derecho humano a la electricidad de todos los mexicanos; por el contrario, tal y como sucedía antes de su nacionalización en 1960, por el presidente Adolfo López Mateos, los particulares se dedicarán a garantizar y acrecentar sus enormes márgenes de ganancia, sin importar dejar fuera de ese derecho a la mayoría de la población, sobre todo de aquella para los que llevar la electricidad tiene un costo alto que los privados nunca aceptarán asumir. En octubre de 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una iniciativa de reforma eléctrica con un propósito eminentemente social que tiene como objeto garantizar la seguridad energética del país, manteniendo la cadena de valor en el sector de electricidad como área estratégica a cargo del Estado, con la finalidad de ofrecer tarifas justas y por debajo de la inflación. En esta iniciativa, el 54% de la energía que requiere el país la generará la CFE y el 46% la iniciativa privada. De esa manera se garantiza que las empresas privadas interesadas permanezcan en el mercado eléctrico, pero impidiendo que controlen el mismo, garantizando con ello, que la CFE todo momento sea responsable del abastecimiento general con un precio justo de la energía. La propuesta de reforma plantea que la transición energética se lleve a cabo de manera planificada, utilizando de forma sustentable todas las fuentes de energía de las que el país dispone. La reforma promueve procesos legales y justos para que las empresas privadas no sean subsidiadas a costa de los mexicanos. |
