|
Autor: Salvador Villanueva Gutiérrez
Palacio Legislativo; 15 de noviembre de 2022.- El diputado Jesús Fernando García Hernández (PT) impulsa una iniciativa para reformar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el fin de que las dependencias y entidades estén facultadas y obligadas en todo momento durante el término del plazo de garantía establecido, a realizar la revisión que corresponda a las obras públicas que se reciban como ejecutadas. La modificación al artículo 66 de dicha ley, remitida a las comisiones de Infraestructura, para dictamen, y de Transparencia y Anticorrupción, para opinión, precisa que los trabajos concluidos se garantizarán durante un plazo de sesenta meses. Argumenta que la facultad irrestricta de las dependencias y entidades contratantes de obra pública para realizar la revisión que corresponda a los proyectos ejecutados, dentro de un plazo ampliado, “se constituye en un mecanismo para enfrentar la comisión de fraudes en perjuicio del erario público y otras afectaciones a la sociedad”. Refiere que “las obras simuladas, inconclusas y hasta defectuosas en su construcción, las cuales se reciben como debidamente ejecutadas bajo el argumento de que se ha cumplido con lo estipulado en los contratos respectivos, constituyen hechos ilegales que significan un riesgo para las finanzas públicas, y representan un peligro para usuarios y una irregular situación que afecta a los proyectos de infraestructura necesarios para el desarrollo regional y nacional”. Menciona que las irregularidades de este tipo han sido reportadas en su momento por la Auditoría Superior de la Federación, al documentarse entre otros hechos: licitaciones sin el cumplimiento de la normativa correspondiente, así como obras no realizadas o ejecutadas con mala calidad por las cuales se han cubierto pagos. Ello, agrega, ha dado lugar a que la autoridad emita entre otros recursos: recomendaciones, pliegos de observaciones, solicitudes de aclaración, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y de responsabilidades administrativas sancionatorias. La iniciativa resalta que “simulaciones, mala calidad y obras inconclusas le cuestan caro al erario público. Se trata de situaciones que tienen en parte origen por el supuesto de haberse concursado “previo pago de gratificaciones” a cambio de ser adjudicados los contratos respectivos. Ello constituye un proceso viciado desde el principio, que por sus características dificulta investigaciones y el deslinde de las responsabilidades a que haya lugar”. Destaca que, entre otras causales para que ocurran este tipo de situaciones, está que los plazos de ejecución acordados no responden a lo previsto, no se atiende a particularidades como lo es la complejidad de algunas obras, además de que habría que sumar la falta de una supervisión correcta y oportuna de las mismas. Por ello, se estima necesario que el procedimiento se traduzca en buenas prácticas e implique la colaboración de los agentes responsables de las iniciativas y medidas de lucha contra situaciones y hechos de corrupción. “La rendición de cuentas que debe llegar hasta la validación que asegure la calidad de las obras recibidas por las dependencias y entidades, es condición necesaria para la integridad requerida en los procesos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, de forma tal que al sector público se le garantice que se paga por aquello que en realidad sirve para lo que fue proyectado”, puntualiza. |
