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Por Juan Pérez Medina La primera dimensión de la precariedad laboral es la temporalidad. El porcentaje de trabajadores subordinados remunerados sin contrato en México representa la mitad de esta fuerza de trabajo. La segunda dimensión de la precariedad es la insuficiencia salarial que no permite superar la pobreza alimentaria y no alimentaria, es decir, que está por encima de la línea de bienestar, definida por el Comité Técnico de Medición de la Pobreza en México, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, es el ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, trasporte y educación. A partir del próximo 1 de enero, el salario mínimo general aumentó a 6 mil 223 pesos mensuales por 30 días trabajados en términos nominales, mientras que la canasta básica se situó en mil 719 pesos. Es decir, una familia compuesta de 4 personas gasta 6 mil 826 pesos mensuales para sobrevivir, faltando aún los gastos de transporte, servicios (gas, luz, agua, renta) calzado y vestido. Ahora consideremos que si a este costo del salario se le merma la inflación alcanzada, el aumento, en términos reales queda en 11 por ciento y no en el 20 como se ha querido destacar. Se reconoce el esfuerzo del actual gobierno por mejorar sustantivamente el salario mínimo, sin embargo, esta situación no es posible mientras su posibilidad esté fincado en el mercado capitalista. El salario en México sufre un estancamiento en décadas que lo mantienen en rangos muy por debajo de la línea del bienestar. Más del 70 por ciento de los trabajadores mexicanos padece algún tipo de precarización producto del rezago salarial histórico. La tercera dimensión de la precariedad tiene que ver con la desprotección laboral. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en el primer trimestre de 2014 existía una población ocupada subordinada remunerada de 33 572 087 personas en México, de las cuales 15 148 501 (45.4 por ciento) no contaban con acceso a servicios de salud, públicos o privados, por motivo de su relación contractual. Esta situación no ha cambiado, sobre todo por el fenómeno del covid 19 que contrajo la actividad económica en todo el mundo. Ahora, en general, los trabajadores sindicalizados tienen mejores salarios, una contratación menos endeble, más acceso a servicios de salud y otras prestaciones que los no sindicalizados. Se demuestra que los sindicatos en México aún son un factor importante para mejorar las condiciones laborales de sus representados y disminuir sustancialmente la precariedad, a pesar de que la sindicalización tiene más de 4 décadas en declive, como producto de una agresiva campaña en su contra y el alto grado de corrupción alcanzado por la mayoría de las dirigencias de las organizaciones sindicales. Por ejemplo, lo que se observa y casi es una regla no escrita, los trabajadores con empleo formal no cuentan con contrato escrito; el 12 por ciento trabaja con contrato temporal, el 52 por ciento registra insuficiencia salarial; el 11.9 por ciento no accede a los servicios de salud, y el 11 por ciento no recibe otras prestaciones, como aguinaldo, reparto de utilidades y hasta vacaciones. No sobra decir que un trabajador no sindicalizado es más propenso a los despidos y, al no contar con contrato base, es muy difícil que logre emplazar con éxito. |
