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Por el profesor Juan Pérez Medina. De manera cotidiana el poder judicial vulnera las acciones del actual gobierno y, con ello, afecta a la gran mayoría de la sociedad. Es el poder judicial el que a diario ordena la libertad de delincuentes, sobre todo de aquellos que forman parte de la delincuencia organizada. Cada semana el presidente expone un sinfín de casos de este tipo en donde un juez ordena la libertad de quienes han llegado a la cárcel, por cometer actos contra la sociedad, incluso, bajo contundentes evidencias, habiéndose encontrado en flagrancia, El papel jugado por este poder, que forma parte de los tres poderes autónomos que integran la nación, es absolutamente contrario a lo que la Constitución establece y está lejos de representar los intereses de los mexicanos. No hay duda alguna de que es un poder altamente corrupto, en donde jueces y magistrados actúan sobre la base de la compraventa de la justicia, incluso, utilizando para ello la extorsión a las personas. Los ciudadanos comprueban día con día, que escapar del ministerio público o de las determinaciones de un juez sin haber tenido que aceptar ser sobornado es algo prácticamente imposible. La aplicación de la justicia puede dilatar o complicarse cuando el ciudadano se niega a aceptar lo que le insinúa en un primer momento, que es cuando se le da la oportunidad de hacer una oferta al ministerio público o al juez de la causa o, cuando en un segundo momento, se le hace abiertamente una propuesta so pena de irse al abismo del infierno judicial. El primer signo del poder judicial es la corrupción. Así es imposible que la justicia sea y que además se haga pronta y expedita. Nada hay que escape a la rigurosa “espada flamígera”de los “moches” anticipados. La negativa de los ministros de la Suprema Corte para atender lo que la Constitución dice, acerca de no percibir más que lo que gana el presidente es una de las actitudes que los denuda claramente como contrarios a los intereses de la nación. Pues es vergonzoso que existan funcionarios que perciban más de 600 mil pesos mensuales, en un país en donde más del 50 por ciento de la población vive con menos de dos salarios mínimos. No sólo es vergonzante, sino también un insulto y una verdadera desproporción. Lo peor de todo es su activismo político. Responsables de garantizar la justicia en este país, son los primeros que la vulneran en aras de continuar sirviendo a la casta que los encumbró y les permitió llegar hasta donde ahora se encuentran, convertidos en verdaderos canallas. Su actuación ante el poder ejecutivo y legislativo es aberrante. El poder judicial actual no es representativo de la nación sino solamente de la casta a la que sirven. Desclasados, se han convertido en servidores de una élite perniciosa y conservadora que se opone con todo a que el país cambie. Eso explica que sea este poder (jueces y magistrados) el que, en todos. |
