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El congreso local en Coahuila tomó una decisión unilateral que busca por un lado, proteger a las víctimas de las desapariciones y secuestro pero por otro, cargarle el costo a los empresarios de la región. El hecho es que, cuando una persona sea víctima de un “levantón” o de un secuestro, mientras un juez no la determine formalmente como desaparecida, tendrá derecho a seguir recibiendo su salario con todas las prestaciones (evidentemente pagado a sus beneficiarios) y a no perder ni el empleo ni la antigüedad, ello sin límite de tiempo y pagado de forma completa por el patrón. Hace un par de noches, entrevisté a Agustín Arellano Saucedo, líder de los empresarios en la comarca lagunera, mismo que nos ratificó la molestia por la carga económica que representará este hecho para los empresarios del sector. Los empresarios no se oponen a coadyuvar con el gobierno estatal para poderle dar seguridad económica y certeza laboral a las víctimas, sin embargo requieren que también el estado coadyuve en absorber los costos. No hubo reuniones del congreso local con los empresarios, fue una decisión unilateral. La realidad es que, el estado tiene la obligación de proveer seguridad pública, quien está fallando es precisamente él en este rubro con la gran cantidad de secuestros, “levantones” y desapariciones, por ello a los empresarios les parece injusto que el cargo financiero sea exclusivamente para ellos en materia laboral. Arellano dijo estar dispuesto a negociar –junto con los empresarios de la región-- para lograr un acuerdo con el congreso y el ejecutivo local. En los siguientes días se dará esta reunión. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA www.lopezsosa.com [email protected] twitter: @joseantonio1977 |
