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Escuché un concluyente análisis que de fondo tenía una clara defensa al gobierno de Veracruz, para dejarlo a un lado de la serie de asesinatos contra periodistas, mismos que describimos en esta columna el día de ayer. El análisis se cuestionaba si una vida valía más que otra, por consiguiente si una muerte era más importante que otra –hablando de personas--, el cuestionamiento vino por el hecho que 5 personas fueron asesinadas, entre ellas el colega fotoperiodista Rubén Espinosa y otras cuatro mujeres, una de ellas, activista. Resulta muy fácil enfrascarnos en una discusión bizantina para desviar la atención de lo verdaderamente relevante. Cada asesinato en el país es una pérdida de las libertades para la sociedad, desde la administración de Felipe Calderón, continuando con la de Peña Nieto, las ejecuciones se han convertido en parte de la cotidianeidad y como un efecto negativo en nuestra sociedad, lo dejamos de ver quizás con asombro y con enojo. Bajo ninguna circunstancia en un estado de derecho, democrático y con un gobierno constitucional y legalmente establecido, es posible permitir el número de ejecuciones que existen a diario desde el año 2006 cuando se comenzó el operativo Michoacán que luego se transformó en la guerra contra el narco. Cada vida que se pierde es un luto social, cada que se ejecuta a una persona corre esa ruleta que nadie sabe quién será el siguiente, sin afán de redactar un discurso incendiario puede ser técnicamente cualquiera, usted o yo. Bajo la lógica de “eran narcos”, la administración de Calderón desvió la atención en las ejecuciones, como si todos los asesinatos hubiesen correspondido a criminales. Con ese razonamiento se calificó Tlatlaya y Ayotzinapa hasta que la sociedad civil y la exigencia pública obligó a investigar y demostrar lo contrario. Ahora bien, no es que la vida de Rubén Espinosa tuviese mayor valor –en términos cualitativos—que la de las otras cuatro mujeres, las cinco muertes son deleznables y una vergüenza para el sistema de seguridad pública en la Ciudad de México, la única diferencia es que Rubén Espinosa, salió amenazado de Veracruz, hay pruebas documentadas de tal hecho y, con base en los constantes asesinatos a colegas periodistas no resueltos en Veracruz y en el país en general, se vislumbra como una posibilidad el que el movil de este crimen, fuese el ejercicio profesional de nuestro colega. No es especulación, es la cruda realidad del gremio en nuestro país. Las cinco muertes deben esclarecerse, el resto de los asesinatos de periodistas dentro y fuera de Veracruz –incluyendo este—deben llegar a los culpables si los distintos niveles de gobierno consideran que este no es un estado fallido, uno donde quien informa arriesga la vida por el simple hecho de cumplir con su trabajo. "La muerte de un periodista no calla la verdad", dice el posicionamiento de quienes integramos la Academia Nacional de Periodistas en Radio y Televisión. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ SOSA |
