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Morelia, Mich., a 20 de abril de 2010.- Michoacán mantiene a 923 mil habitantes con problemas de pobreza alimentaría, i millón 222 mil con problemas de pobreza en capacidades y 2 millones 161 mil con problemas de pobreza patrimonial, que lo sitúa por arriba de la media nacional, al ocupar el 7° lugar nacional en pobreza alimentaría y 8° lugar nacional en pobreza de capacidades y patrimonial. El diputado del PRD, Raúl Morón Orozco, informó lo anterior en rueda de prensa luego de anunciar que este jueves el pleno de la LXXI Legislatura del Congreso el Estado dará entrada a la iniciativa de Ley de Desarrollo Social para la entidad. El congresista comentó que desde 1995 a la fecha en Michoacán los indicadores socio-económicos no han variado, por lo que responsabilizó a los gobiernos federal y estatal. Es por ello, dijo categórico el diputado Morón Orozco es fundamental modificar el marco regulatorio del desarrollo Social en el Estado, especialmente a través de la iniciativa que se presenta y permitirá actualizar las reglas de operación de los programas del sector, con el objetivo de facilitar la tarea del actual gobierno y los subsecuentes administraciones, a fin de lograr una población con mejor calidad de vida y desarrollo humano. El perredista reiteró su postura que dicha iniciativa se podrá acoplar a la presentada por el diputado priista José Trinidad Martínez Pasalagua para que este acorde las necesidades de respuesta gubernamental que requiere la población michoacana. Otro aspecto que destacó el diputado Morón fue que el marco jurídico propuesto pretende contar con la activa participación ciudadana para hacer de la ley un documento que permita realmente social de respuesta ciudadana. También, con la finalidad de seguir garantizando la transparencia, honradez y eficacia de los servidores públicos responsables del diseño, ejecución y evaluación de los programas de desarrollo social, se establece en el documento el Padrón de beneficiarios de Programas de Desarrollo Social con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a cualquier información de su interés en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Asimismo se propone ampliar los mecanismos de denuncia popular por la vía oral, telefónica, telegráfica o electrónica, como medio para que los ciudadanos puedan inconformarse de cualquier irregularidad administrativa, violación o desconocimiento de derechos que se realice en su perjuicio ante la Coordinación de Contraloría del Estado o ante la Contraloría Municipal y la propia CEDH, con hechos y actos de los servidores públicos estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social, concluyó. |
