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El día de hoy estamos a 10 años de la legalización del aborto en la Ciudad de México; una medida impulsada en su momento por un gobierno de izquierda, al igual que el que se dice que gozamos hoy en nuestro estado. Según datos de la Secretaría de Salud de la CDMX, desde entonces se han practicado más de 125 mil procedimientos a mujeres que han decidido no continuar con el proceso de gestación, de las cuales el 5.6% son menores de edad, es decir poco más de 6,250 niñas fueron sometidas a tal procedimiento. En Michoacán, este tema ha sido abordado en varias ocasiones sin tener el consenso necesario al interior del Congreso del Estado, toda vez que al ser la entidad con mayor cantidad de embarazos en adolescentes se ha planteado la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de las doce semanas que el código penal vigente en el estado permite, tomando en consideración las hipótesis que contempla el referido ordenamiento. La última vez que se planteó tal cuestión en el Estado fue el pasado 28 de junio, en el que la diputada Nalleli Pedraza propuso ampliar las posibilidades de aborto en la legislación local mediante una iniciativa de reforma, sin embargo, tal cuestión no ha encontrado los consensos necesarios al interior del legislativo indistintamente de estar bajo el control de diputados de izquierda con 16 diputados, así como existir alineación política con el gobierno del estado. Entonces ¿si las mayorías en el congreso pueden ser favorables y con capacidad de interlocución y negociación, por qué tal propuesta no ha prosperado? Pareciera ser que las condiciones están puestas para que tal iniciativa transite en el congreso del estado, es decir, existe una problemática de salud pública; existen los argumentos bioéticos y médicos que eventualmente pueden permitir la instrumentación del aborto en Michoacán; existe una cantidad importante de diputados de izquierda al interior del legislativo, así como coincidencia ideológica con el Gobierno del Estado. ¿Entonces por qué no se aprueba la propuesta? Pues precisamente por el gran problema que impera en todo el país: la política impera por encima de la ley. Es innegable que el tema del aborto sigue levantando escozor y polémica en la sociedad, cuantimás en una tan conservadora como la de nuestro estado, pero que irónicamente es gobernado por el ala “liberal”, sin embargo, al tratarse de un tema polémico nadie –o casi nadie– tiene la intención de asumir el costo político que eventualmente conllevará aprobar la iniciativa, esto en detrimento de miles de niñas michoacanas que ven su vida mermada ante la responsabilidad que se tiene que enfrentar sin tener la capacidad económica y psicológica para criar una vida humana, lo que a su vez da lugar a un circulo vicioso de marginación, falta de educación, de oportunidades, de acceder a un buen empleo y mejorar sus condiciones y la de los suyos, lo que genera que el circulo, nuevamente, se repita. Sabemos pues, que la regulación del aborto no es la medida que permitirá al estado transitar en una senda de bienestar y desarrollo, toda vez que es necesario que se instrumenten medidas transversales de los tres órdenes de gobierno para aminorar la problemática, sin embargo, sí constituye una medida que puede coadyuvar a la mejora de la vida de miles de niñas michoacanas. De igual forma, es necesario que la regulación sea responsable, ya que debe de precisar con la mayor claridad posible los casos en los que es prudente, oportuno y necesario practicar el aborto, tomando en consideración la edad de la mujer, las condiciones socioeconómicas y el origen del embarazo. Lamentablemente, esta discusión, –en serio, afondo y son cobardías, diría el Jefe Diego– llega tarde a Michoacán por temores políticos al proceso electoral inmediato, como muchas cosas que por desgracia son importantes, pero que por no tener el carácter de urgente no son atendidos en mi amado Michoacán. |
