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Uno de los temas que ha estado más en boga durante los últimos años incluso, es la conformación de un órgano que combata frontalmente la corrupción, esto en virtud de los constantes y crecientes casos de impunidad que imperan en nuestro ya golpeada nación. Para combatir tan inexpugnable rémora, se reformó el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para instaurar el vitoreado Sistema Nacional Anticorrupción; un complejo entramado jurídico institucional que amalgama distintos órganos federales, la participación permanente de la ciudadanía, así como la instauración de 32 Sistemas Estatales Anticorrupción en cada entidad federativa, entre otros elementos. Así, el 18 de julio del 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; un instrumento de 60 artículos que, en palabras de Jorge Triana, constituye un mecanismo “potente y de avanzada a nivel internacional”, pero que a un año de su promulgación sigue sin poderse instrumentar, en función de los disensos que prevalecen en el Senado de la República. Ahí, los senadores se echan la bolita; mientras que Gamboa Patrón y Carlos Puente, coordinadores de las bancadas del PRI y del Verde respectivamente, acusan a Acción Nacional de dilatar la discusión. Por su parte, el coordinador de tal fuerza política endosó tal culpa a otras fuerzas al manifestar que el albiazul tiene la disposición para entablar acuerdos. Por otro lado, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana señala que el Senado es el responsable de no emitir la legislación correspondiente, mientras que Gustavo de Hoyos, Presidente de COPARMEX, expresa la preocupación del sector empresarial ante la ausencia de elementos tan importantes como lo son el propio Fiscal Especializado y los Magistrados correspondientes. Gran parte de los argumentos que esgrimen estriban en intereses electorales por parte de las fuerzas políticas de cara al 2018; proceso en el que se renovará la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y 9 gubernaturas. En total, se disputarán 3,326 cargos de elección popular, en el que será el más grande proceso comicial en la historia de nuestro país. Díganme pues, si hay o no hay intereses políticos de por medio. Una situación que es una constante en nuestro país y que de nueva cuenta se presenta en la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción, es la preponderancia de decisiones políticas por encima de las jurídicas, situación que ha dejado grandes costos sociales a todos los mexicanos, derivado de los intereses de las cúpulas del poder que desgraciadamente divergen de aquellos de quienes los pusieron en el cargo, es decir ustedes y yo: los ciudadanos. ¿Qué podemos esperar, entonces, de la panacea pública que es el Sistema Nacional Anticorrupción, –o así no lo han vendido– cuando no hay acuerdo para nombrar al Fiscal? El disenso –y lo he sostenido siempre– enriquece la democracia, sin embargo, se vuelve un problema cuando este disenso estriba en violaciones flagrantes a la Constitución? Es ahí donde no podemos quedarnos callados y los ciudadanos, que somos quienes poseemos la soberanía que a su vez transmitimos a nuestros gobernantes, debemos señalar, críticas y exigir a la partidocracia hagan su trabajo y nombren, a la brevedad, a los elementos faltantes del Sistema, y así no pensar que existe corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción. |
