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Los procesos electorales, desde siempre, han sido una cuestión de suma complejidad en México; desde los yorkinos y escoceses; liberales y conservadores; y los centralistas y federalistas, coincidiendo los anteriores, muchas veces entre sí. Al día de hoy, a pesar de contar con un robusto entramado jurídico institucional, la complejidad parece estar más presente que nunca, pues es de todos conocidos que la Presidente de la República está en disputa por tres candidatos: Ricardo Anaya, José Antonio Meade y López Obrador (enunciados en orden de registro de sus partidos).También, al día de hoy, es de dominio público que existen serias acusaciones en contra del postulado de El Frente, Ricardo Anaya, por un presunto lavado de dinero y que en últimos días ha inundado los medios de comunicación. Desgraciadamente, nuestro país no se ha caracterizado por un tener un Fair Play en las contiendas electorales; órganos cooptados, posiciones negociadas y tomadores de decisiones insaculados por simpatías más no por aptitudes, son cosas que ponen en duda la democracia en nuestro país. Para muestra está el caso de Santiago Nieto, Fiscal Electoral; cesado por “revelar” –y en consecuencia “violar el código de ética”- acusaciones en contra del partido en el poder. Al día de hoy, el imperium del Estado, aquel que debe ser empleado por velar por el estado de Derecho, parece tener intereses diversos, ya que las referidas acusaciones de lavado de dinero en contra del virtual candidato de El Frente, Ricardo Anaya, se han mediatizado al grado de revelar los videos en donde el referido acude a sus instalaciones para contestar por escrito a las acusaciones enderezadas en su contra. Sin tomar partido por nadie y tratar de ignorar filias y fobias del que escribe, el simple hecho de que la Procuraduría General de la República, aquella cuya función esencial consiste en velar por el estado de Derecho –y de paso es nombrado por el Ejecutivo-, se preste a mediatizar presuntas acusaciones en contra de un aspirante a la Presidencia de la República de un partido diverso al que es emanado su jefe, sin tener conclusiones concretas, se traduce en una embestida a la Democracia, esta que a los mexicanos nos ha costado pólvora y sangre, y seguimos construyendo hoy en día. La parcialidad de la Institución está en cuestión, no obstante, considero que lejos de mirar hacia las repercusiones políticas inmediatas, debemos tener una visión de estado y plantear, de nueva cuenta, la autonomía del órgano. Sé que esta cuestión está en trámite de implementación, no obstante, el hecho de que en pleno proceso electoral existan estas cuestiones, debe ser considerado por los aspirantes al Ejecutivo como un área de oportunidad para que se vele por una auténtica independencia del Procurador en aras de salvaguardar de manera sustantiva y fehaciente la Democracia y, en consecuencia, el Estado de Derecho, ya que si el propio encargado de proteger tales valores se avoca a vulnerarlos estaríamos en presencia de un estado autoritario, cosa que nadie le favorece, ni siquiera a quien manda en la Procuraduría. Ahora bien, si el abanderado de El Frente decide demandar a la Procuraduría por actual de manera parcial y favorecer al partido en el poder, esta tendría que ser planteada en un primer momento ante la FEPADE, la cual, ¡DEPENDE DE LA PROCURADURÍA! Es decir, que lejos de vivir en un estado de derecho, vivimos en un estado de esquizofrenia. En espera de un debate serio al respecto, vaticinamos que esto apenas comienza y que lejos de mejorar las condiciones estas seguramente empeorarán y que los poderes del estado se involucrarán en cuestiones electorales más allá de lo deseable. Así la democracia en nuestro México. |
