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Desde un hospital privado y por videoconferencia, el exdirector de Pemex comparecerá ante el juez que ordenó su detención hace 14 meses y tres días por actos de corrupción durante su gestión. Ayer, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Fiscalía General de la República (FGR) informaron, por separado, los detalles de ésta primera audiencia y dijeron que será por el caso de Agro Nitrogenados. Se trata de una acusación por el presunto soborno que Lozoya habría recibido por 3.5 millones de dólares por parte de la empresa Altos Hornos de México con el fin de que Pemex le comprara una planta “chatarra” productora de fertilizantes. Por este caso, el juez José Artemio Zúñiga libró el 25 de mayo de 2019 la primera orden de captura contra Lozoya por lavado de dinero. Por este caso están imputadas la madre, hermana y esposa de Lozoya. Esta primera audiencia de Lozoya se da a 11 días de que el gobierno España lo extraditó. Desde su llegada a México, el 17 de julio, el exfuncionario está en un hospital privado donde permanecerá por tiempo indefinido. Tanto el CJF como la FGR dijeron que la segunda audiencia contra Lozoya se desarrollará el miércoles las 09:30 horas, por el caso Odebrecht. Por este caso, el 4 de julio de 2019, el juez Jesús Eduardo Vázquez Rea libró una segunda orden de captura contra Lozoya por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. El CJF informó que ambas audiencias se realizarán desde el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte. La FGR precisó que las sesiones, donde se formularán las imputaciones a Lozoya, serán virtuales, “dadas las condiciones de salud del imputado”. Dijo que las demás partes podrán acudir al centro de justicia de manera personal, a intervenir en la audiencia o por videoconferencia, en atención a los lineamientos establecidos por la pandemia. Es decir, no se permitirá la presencia de público ni de representantes de los medios de comunicación. Sólo estarán, además del juez, los abogados de Lozoya, encabezados por Miguel Ontiveros; así como representantes del Ministerio Público y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Fuente: El Financiero |
