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Morelia, Mich., 26 de agosto 2020.- Diputados integrantes de la septuagésima cuarta legislatura del congreso de Michoacán exigieron a través de un pronunciamiento, respeto a la existencia y las actividades políticas del Movimiento Antorchista, así como las de cualquier otra organización y ciudadano y que no se transgreda la ley aplicándoles trato de excepción y juicios sumarios por autoridades sin facultades y que no se eche mano de guerras de medios para inhibir su actividad política y su libertad de crítica. En el documento signado por los legisladores Omar Antonio, Carreón Abud, Adriana Hernández Íñiguez, Norberto Antonio Martínez Soto, Eduardo Orihuela Estefan, Marco Polo Aguirre Chávez, Yarabí Ávila González, Wilma Zavala Ramírez, José Antonio Salas Valencia, Ernesto Núñez Aguilar. Además de Francisco Javier Paredes Andrade, Miriam Tinoco Soto, Antonio Soto Sánchez, Arturo Hernández Vázquez, Hugo Anaya Ávila y Javier Estrada Cárdenas y al que se sumó Gabriela Ceballos, establece que los antorchistas están haciendo uso de un derecho del cual gozan también los diputados, los integrantes de la 4T y gozarán, si saben defenderlo, los mexicanos del futuro. En voz de Carreón Abud durante la sesión virtual, se fijó postura con relación a la persecución política en contra del Movimiento Antorchista Nacional, por parte de funcionarios públicos, como el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta y el jefe de la unidad de inteligencia financiera de la SNCP, Santiago Nieto Carrillo. Sobre el tenor, agregó que ellos, “al margen de los procesos legales establecidos, incriminan a los integrantes del Movimiento Antorchista Nacional en la comisión de delitos y llevan a cabo el bloqueo totalmente injustificado e ilegal de cuentas bancarias pertenecientes a negocios lícitos y legítimos que sirven para financiar sus actividades”. De esta manera, agregó el diputado priísta, nadie puede ser molestado en sus bienes y su persona sin decisión de juez competente y el ciudadano es inocente hasta que mediante juicio se demuestra lo contrario; estas son bases fundamentales del derecho, aceptadas universalmente en los regímenes democráticos en los que se respeta escrupulosamente el estado de derecho. En el documento, se establece que la lucha contra la corrupción no debe implicar ni el atropello de la ley ni la fabricación de culpables. Los transgresores de la ley deben ser sancionados pero la ley misma ha contemplado y contempla las garantías para su defensa. “Es por ello, es por la defensa elemental del estado de derecho y la defensa de la ley, que nos sentimos obligados a protestar, a expresar ante este Congreso del estado de Michoacán, ante el pueblo de Michoacán y ante la nación entera, nuestra inconformidad y nuestro rechazo enérgico a las declaraciones de funcionarios públicos”, –los ya mencionados-”. Entre estos atropellos, señalan, se encuentra el bloqueo de la cuenta del diputado Brasil Acosta Peña a quien una autoridad administrativa, la dirección de la Unidad de Inteligencia Financiera, sustentada en una disposición inconstitucional según ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha aplicado una sanción que no se encuentra dentro de sus atribuciones legales, más aún si considera que el legislador goza de fuero constitucional. “Las guerras de lodo sostenidas en los medios de comunicación y usando el poder del Estado son propias de las dictaduras y de los regímenes represores que se sostienen con base en la fuerza y en el terror; las leyes que nos gobiernan son resultado de una larga trayectoria de lucha que ha costado muchos sacrificios y mucha sangre por el respeto de las garantías sociales y de las garantías individuales de los mexicanos, es por eso que todos los amantes de paz y de la armonía sociales tenemos obligación de actuar como defensores de nuestro estado de derecho”. Finalmente, convocaron a todos los hombres y mujeres de bien, a todos los agraviados, a todas las víctimas de las tres grandes crisis que azotan a México, la crisis sanitaria, la crisis económica y la crisis de violencia, a que se sumen a estos esfuerzos por mantener vigente y actuante el estado de derecho y cesen los discursos de odio y los juicios extrajudiciales. Es en bien de los mexicanos y de sus hijos. |
