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Vivimos en un país donde las protestas son diarias, necesarias y la mayor parte de las veces legítimas. El sistema político y económico orilla a miles de ciudadanos a tener que salir a las calles ante la sordera temporal y/o permanente de los actores políticos cuya responsabilidad es precisamente la solución de conflictos que se convierten tarde o temprano en protestas. Por otro lado, existe una parte de la ciudadanía que vive en una pequeña zona de confort donde pareciera que nada sucede y nada se necesita, desde esos núcleos se elevan voces de protesta a la protesta, de ciudadanos que quisieran se remitiera a la cárcel a todo aquel que se manifieste en las calles, un exceso que no se puede tolerar en una democracia. Tampoco se puede permitir en un régimen democrático que quien protesta vulnere los derechos del ciudadano que no lo hace, es decir, estamos frente a una disyuntiva pues casi toda protesta implica en México el tomar, bloquear o marchar por una avenida, carretera o vía de acceso al resto de los ciudadanos, personas como usted o como yo que no tenemos que ver en la generación o solución de tal o cuál conflicto. Esa terrible línea que separa la libertad para manifestarse y protestar de la libertad ciudadana al libre tránsito sigue en el debate partidista, legislativo, político y social. Pareciera no tener solución y las autoridades prefieren actuar facciosamente en muchos casos, es decir, permitiendo las protestas contra una autoridad ajena o de distinto partido y reprimiendo a los que reclaman a los responsables de la seguridad pública local (en casi todas las entidades del país). Ahora bien, existe un riesgo mayor que se ha dejado ver en México, cuando la protesta se convierte en violencia generalizada, cuando quienes le exigen a un político, partido o gobierno una determinada causa o solución, pasan de la protesta a la violencia contra los ciudadanos comunes, eso no puede tampoco permitirse en un supuesto estado de derecho donde las libertades de todos deben ser respetadas. Me parece un debate complejo y necesario, no se puede prohibir que la gente se manifieste y proteste así como tampoco se puede permitir que se sigan pisoteando los derechos de terceros y mucho menos, que la violencia sea el paso siguiente de alguna protesta. El tema tiene muchas aristas, desde los presuntos “infiltrados” que buscan como grupo de choque boicotear una protesta, hasta gente ajena que se cobija en una manifestación para en el anonimato dar salida a conductas sociópatas. En fin, un tema en el que quienes gobiernan y quienes aspiran gobernar deben analizar y estudiar con seriedad, ofrecer diálogo, alternativas y sobre todo, soluciones a quienes legítimamente protestan en este país. |
