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Aprueba Primera Comisión que Consejo de la Judicatura Federal investigue

Aprueba Primera Comisión que Consejo de la Judicatura Federal investigue

Investigue desempeño de juez que ordenó detención de Greg Sánchez
05:23 PM 09/06/2010


A propuesta del vicecoordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles Conejo, la Primera Comisión de la Permanente aprobó que el Consejo de la Judicatura Federal revise el desempeño del Juez que giró orden de aprehensión contra el candidato al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez Martínez, así como a 32 funcionarios públicos detenidos en Michoacán el año pasado.

En el punto de acuerdo, el legislador por Michoacán consideró que el ejercicio jurisdiccional del Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en Tepic, Nayarit, Carlos Alberto Elorza Amores, se ha caracterizado por “una notoria ineptitud o descuido”, ya que tanto en el Michoacanazo como en el caso de Greg Sánchez, “ha tenido una actuación que a todas luces pone en duda su objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia”.

En el dictamen aprobado por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, se establece que el Consejo de la Judicatura Federal, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 94 y 100 de la Constitución, supervise el desempeño del Juez Federal de Distrito, Carlos Alberto Elorza Amores, a fin de coadyuvar a que “la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial”.

La propuesta de Silvano Aureoles, que aún debe ser avalada por el Pleno de la Comisión Permanente, detalla que en el caso del denominado Michoacanazo”, fueron detenidos más de 30 funcionarios públicos municipales y estatales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, ya que el juez Carlos Alberto Elorza determinó que las declaraciones de los testigos protegidos tenían valor probatorio de indicio y “configuraban una prueba eficaz” para demostrar la culpabilidad de los funcionarios.

Sin embargo, señaló que después de un año 19 de los funcionarios han sido puestos en libertad “gracias al beneficio del amparo, las apelaciones y la figura jurídica de desvanecimiento de pruebas”.

Silvano Aureoles Conejo dijo que estos actos evidencian “una notoria ineptitud o descuido en el ejercicio de la función jurisdiccional” por parte del Juez de distrito, cuya función es “preservar y proteger los intereses de presunción de inocencia de los inculpados así como garantizar un proceso con independencia y a la luz de la observación de la ley”.



El Diario Visión
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