La opción, columna de Jorge Vilchez

El tema de la regulación de las marchas en Morelia, que hoy aparece por tercera ocasión como iniciativa de ley de la fracción panista, sin duda, crea polémica e intensa discusión.

No se trata, como diría una de sus hacedoras, la legisladora Macarena Chávez Flores, de impedir el derecho de la libre manifestación en las calles, sino de evitar que con las marchas de protesta se afecte el libre tránsito de terceros.

Habrá grupos sociales, llámese maestros y normalistas, que disientan de tal medida; pero otros, como los ciudadanos o los comerciantes, que sí avalarían una propuesta como la anunciada por el Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado.

La iniciativa para regular las manifestaciones, que será discutida por el Pleno de la LXXIII legislativa local el próximo lunes, contempla la prohibición de manifestaciones en ciertas zonas públicas, como hospitales, instituciones de seguridad o protección civil, así como escuelas. Pero, por otro lado, se estipula que los manifestantes solo podrán hacer uso del 50 por ciento de los espacios previstos para la manifestación.

El documento panista añade que al ocuparse el 50 por ciento del espacio público, “no se debe impedir la prestación de servicios”. Además, no se podrá injuriar, amedrentar ni violentar a terceros, ni en sus personas ni en sus bienes, razón por la que las autoridades disolverían la eventual manifestación.

Un asunto que llama la atención es el de las multas o sanciones que se impondrán a quienes desacaten tales preceptos legales.

Ahí se establece que “a quien se sitúe en zonas no autorizadas, abarque más del 50 por ciento de un espacio público, obstaculice a la autoridad su actuación, ejerza algún tipo de violencia o transgreda los derechos humanos, se le aplicarán sanciones de los siete mil a los 35 mil pesos (de 100 a 500 días de salario mínimo), arresto administrativo de hasta un día y medio, así como trabajo comunitario durante un mes”.

Vale la pregunta: ¿Estarían de acuerdo en acatar tales medidas quienes han sido recurrentes en realizar marchas y plantones, como lo son los maestros democráticos y los normalistas?

¿Cómo se vigilará que efectivamente no se trastoque el marco legal cuando se celebre una o más marchas?

Y, sin duda alguna, a esa medida, que podría aprobarse la próxima semana, habría que aplicar un dispositivo preventivo a las potenciales marchas; es decir, que la autoridad, sea ésta estatal o municipal, atienda al grupo o grupos sociales el planteamiento de sus demandas.

Al tiempo.

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La opción, columna de Jorge Vilchez

Autor: Jorge Vilchez Pella

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