La ironía de la transparencia en México.

La transparencia actualmente ha sido concebida como un derecho fundamental, principalmente en las naciones europeas, no obstante lo anterior, en nuestro continente y con mucha notoriedad en México, han habido notables esfuerzos en aras de favorecer el derecho de las personas de conocer qué hacen nuestros gobernantes con los recursos públicos, sin embargo, como dice Roger Bartra, no damos el salto hacia adelante y nos quedamos en el “ya merito”, cual si fuésemos, metafóricamente hablando el mítico Axolote.

El derecho a la información tiene múltiples dimensiones y una de ellas es el derecho fundamental de acceder a información imparcial, es decir, que aquellos datos que lleguen a los ciudadanos no se encuentren sesgados ni por medios de comunicación y, mucho menos, por el generador de la información, es decir, el propio gobierno.

Este derecho, se concibe en un doble sentido: derecho a la información y derecho de expresión. El primero de ellos tiene como finalidad transmitir los hechos, mientras que el segundo transmitir ideas. Ambos, en esta simbiosis jurídica, constituyen un pilar fundamental de la democracia, cuya ausencia deriva en la merma del derecho de reunión, de votar, de pensamiento, de asociación entre otros. Es decir, que para poder ejercer libre y eficazmente los anteriores, es fundamental que el derecho a la información en su doble sentido se encuentre plenamente garantizado.
En este sentido, el derecho a la información imparcial consiste en comunicar sin censura; acceder a la información sin ningún tipo de filtros que eviten el saber con claridad el estado que guarda la cosa que se desea conocer, siempre garantizando, por supuesto, el derecho de la privacidad de las personas que la propia Ley contempla.

Así, muchos países han trabajado para poder garantizar estos derechos y el país, a nivel mundial, que tiene la mejor legislación y que ha sido considerada como un modelo para otras naciones es, para nuestra sorpresa, México, según Human Rights Watch. Una legislación que surgió con la reforma política de 1977, y que en a través de su implementación como derecho a la información en 1997 en Jalisco y, posteriormente, en el año 2000, han dado como resultado un entramado jurídico institucional encaminado a garantizar tal derecho, que el día de hoy está consolidado y, de igual forma, juega un papel importante dentro del nobel Sistema Nacional Anticorrupción. Así, entre más derecho a preguntar, debe (o debería de) dar lugar a más transparencia y, en consecuencia, menos corrupción, no obstante, en México no es así.

Sin embargo, nuestra nación, no se ha caracterizado por ser un país en el que impere la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. El índice de percepción de la corrupción, coloca a nuestro país en el lugar 123 a nivel mundial, a 122 lugares de distancia del lugar que su legislación en materia de transparencia ocupa, lo cual indudablemente consiste en una enorme brecha entre lo que se tiene y lo que se considera.
Si bien es cierto, que en el ámbito de la percepción convergen una serie de elementos subjetivos, sí debemos de considerarlo como un indicador importante de un problema sobre la eficacia en materia de transparencia, ya sea de su eficacia o su puesta en vigor.

Miguel Revenga, catedrático de la Universidad de Cádiz, cuestionado por un servidor respecto de qué hacer ante tal dicotomía, afirma que para poder hacer efectiva la legislación y garantizar el derecho a la información veraz es necesario que los tribunales se pronuncien al respecto, lo cual no sucederá de manera oficiosa, por lo que el camino queda en manos de los ciudadanos mediante la implementación y ejercicio de tan bondadosa legislación. En términos prácticos, lo indicado es que como ciudadanía cuestionemos al gobierno sobre su quehacer y, principalmente, sobre cómo gasta los dineros públicos, y ante las negativas de información, la información no brindada de manera imparcial, transparente o cualquiera las inconformidades, agotar la cadena impugnativa; presentar recursos de revisión ante los órganos garantes y presentar amparos para combatir la opacidad con la que aún, a pesar de la virtuosa legislación, se conduce el gobierno.

La tarea es monumental, sin embargo lo positivo de lo anterior es que pone en manos de los propios ciudadanos la posibilidad de cambiar las cosas; generar el cambio desde las bases y no desde las cúpulas que, como es patente, no suceden los cambios. Sí tenemos la mejor legislación del mundo en materia de transparencia, es tarea exclusiva del ciudadano construir un estado más transparente y con verdaderas y auténtica rendición de cuentas.

La ironía de la transparencia en México.

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