Desaparecer la Suprema Corte: imposible, inviable y aberrante

Desde hace ya varios siglos, se concibe el estado moderno como aquel que divide el poder mediante distintos órganos cuyas facultades se complementan y se limitan entre sí. Desde Roma las funciones se dividían y no fue sino hasta que todas las facultades se reunieron en un emperador cuando la cultura romana sucumbió en sí misma.

Casi mil años después, en Inglaterra en el año de 1215 el Rey Juan Sin Tierra se vio en la necesidad de conformar mediante una Carta Magna un órgano colegiado que aprobara o negara el aumento de impuestos, la confiscación de bienes, entre otras cuestiones. De ahí surgió el gobierno parlamentario que caracteriza a ese país y la división de poderes. Mención aparte merece Montesquieu y Locke quienes siglos después hablaron de la necesidad de un gobierno con facultades y atribuciones divididas que se limitaran entre sí mediante checks and balances.

Ahora, desde el año de 1824, México ha tenido una división de poderes que ha permitido, con sus bemoles, llegar al estado constitucional que tenemos hoy en día. En las Siete Leyes de 1836 se mantuvo la división de poderes sin embargo en ellas se estableció lo que se le denominó el Supremo Poder Conservador, el cual era un órgano colegiado con facultades plenipotenciaras que podía someter tanto a la Corte, como al Presidente y al Legislativo. Afortunadamente tal régimen solamente duró unos cuantos años y en 1843 ya se estaba pugnando por otro orden constitucional.

Actualmente, existe una división de poderes que va más allá de la división tradicional, ya que no únicamente estriba en un Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino que también existen los denominados Órganos Constitucionales Autónomos que son instituciones cuya función no se encuentra supeditada de ninguno de los anteriores. Algunos de estos organismos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el INEGI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como la novel Fiscalía General, entre otros.

Según el extinto jurista Jorge Carpizo, México es un país que tiene (o padece) un preponderante Poder Ejecutivo, cuyos límites facultativos se difuminan aun más cuando su instituto político cuenta con mayorías en las cámaras que integran el Poder Legislativo.

Ahora, muchas han sido las propuestas que hoy en día se han planteado en el seno de los órganos deliberativos, sin embargo, unas menos afortunadas que otras. Para poner en evidencia lo anterior, basta con mencionar la voz de un (seudo)legislador de la Cámara Alta el cual afirma que si lo Ministros no se bajan el sueldo el Senado tiene la facultad de desaparecer la Corte. No hay cosa más falsa.

Si bien es cierto, que el Poder Legislativo es aquel en el que se deposita la soberanía popular, así como la facultad normativa de la Nación, esto de ninguna manera significa que los mismos, indistintamente de formar parte (no integrar) del Poder Constituyente Permanente, puedan “quitar o poner” ministros o mucho menos desaparecer el Supremo Tribunal.

Más allá de que la Constitución sea un documento rígido (entre comillas), existen normas pétreas, es decir que son inmodificables y estas son aquellas que están intrínsecamente relacionadas con los derechos humanos y con la ya mencionada división de poderes. ¿qué significa esto? Pues que por muy depositarios de la soberanía que pudieran ser los legisladores esto no es un “cheque en blanco” para “desaparecer” la Suprema Corte.

Tales afirmaciones, aparte de denotar una profunda ignorancia, reflejan la vena dictatorial que impera en unos cuantos representantes populares. No obstante, como diría Jacques Rancière la democracia se construye en los disensos y si bien estas expresiones son desafortunadas también son una forma de construir democracia al evidenciar claramente qué es lo que no se tiene qué decir y con qué ideas no hay que comulgar.

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