Antonio García presenta iniciativa sobre Deuda Pública

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A través del Banco de México se analizarían las circunstancias por las que el Poder Ejecutivo podría contratarla

05:41 PM 11/04/2019

Morelia, Michoacán a 11 de abril de 2019.- Al ser el desarrollo económico una prioridad, Antonio García, Senador de la República, presentó una iniciativa para que el artículo 10 de la Ley Federal de Deuda Pública, contemple el análisis del Banco de México, sobre las circunstancias económicas extraordinarias que imperan en el país previo a la contratación, así como el mecanismo de endeudamiento, y la capacidad de pago de esta.

Indicó que actualmente la deuda externa de México, se encuentra a niveles que hoy ponen en un serio riesgo la estabilidad y la perspectiva de desarrollo de nuestro país, ya que, conforme a cifras provenientes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la deuda neta al cierre de enero de 2019 se ubicó en 10 billones 800.6 mil millones de pesos.

“Hemos observado un crecimiento importante en los últimos años, debido a diversos factores económicos que ha llevado a la necesidad de cubrir el déficit presupuestario a través del financiamiento. Por ello, no debemos dejar de poner atención a fin de prevenir un mayor endeudamiento”.
Antonio García expuso, que independientemente de que se debata si los préstamos adquiridos por el país a lo largo de su historia fueron bien aprovechados o no, o si pudieron contratarse en mejores términos; en este momento representan una carga financiera que dificulta el diseño de cualquier política de desarrollo en el país y que constituyen un riesgo latente de estabilidad económica y social.

Añadió que la contratación e incremento de la deuda tiene una constante y son las enormes facultades que aún conserva el Presidente de la República, para definir la política de endeudamiento con una intervención limitada del Poder Legislativo, por lo que el Banco de México, debe intervenir mediante una opinión en el momento que el Ejecutivo Federal pretenda contratar mayor deuda pública, y con ello establecer un proceso de corresponsabilidad entre un órgano autónomo técnico y el Ejecutivo Federal.