La #Ley3de3; una hipérbole política

En los anteriores procesos electorales, ha sido una demanda cada vez mas constante de la sociedad, que los candidatos a cargos de elección popular hagan pública sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal, lo anterior con el fin de evitar que entren funcionarios pobres y salgan forrados de dinero. Una iniciativa que se presentó por parte del sector privado en el proceso electoral del 2015, fue la iniciativa #3de3 que proponía exactamente eso; que los candidatos que pretendieran obtener el voto popular hicieran públicas tales declaraciones.

Hace unos pocos meses, se buscó accionar un mecanismo de participación ciudadana encaminada a hacer obligatoria que los funcionarios de los tres órdenes de gobierno hagan públicas tales declaraciones; la iniciativa popular, que con un respaldo de al menos 137 mil firmas equivalente a 0.16% del padrón electoral, llevaría la propuesta al seno del Poder Legislativo para su discusión y aprobación. Así, muchas organizaciones, entre las que destacan el Consejo Coordinador Empresarial, El Instituto de Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Coparmex, Transparencia Mexicana, Mexicanos Primero, México Unido contra la Delincuencia, CIDE, entre muchas otras, se dedicaron a buscar tal respaldo ciudadano y llevar al congreso la propuesta citada.

La iniciativa recabó la impresionante cantidad de 291 mil firmas con lo que se cumplió la exigencia de la ley para discutir en el Congreso una iniciativa ciudadana. Ahora bien, en las discusiones que se llevaron a cabo, principalmente en el Senado que fue el lugar en el que se le “metió mano” al articulado, se incluyó que todo aquella persona física o moral que recibiera recursos tendría la obligación de rendir las declaraciones que inicialmente le correspondían a los funcionarios públicos, es decir, que desde un proveedor de software, hasta un beneficiario de un programa social, tendrían la obligación de rendir las declaraciones arriba citadas; algo así como “si ellos quieren que nosotros estemos obligados, pues también ellos”, lo que llevó a que los funcionarios emplearan una de las más grandes tribunas de protesta en el país: el Ángel de la Independencia.

Muchos analistas y gran cantidad de opinólogos, a mi gusto erróneamente, consideraron que era una especie de venganza por parte de los legisladores hacia la iniciativa privada por obligar a funcionarios a hacer públicos sus haberes patrimoniales, centrándose en ese tema prácticamente la totalidad de la discusión en medios de comunicación tanto impresos, masivos y electrónicos, sin recordar en ese momento la obligación de los funcionarios de rendir tales declaraciones, no obstante, estimo que el tema es más político, bien medido y menos aparente.

Posterior a ello, muchas voces apelaron al Presidente de la República a que ejercitara la facultad constitucional del veto, que consiste en regresar al Congreso una iniciativa aprobada que no se ajuste la Constitución. Así, contra todo pronóstico el Ejecutivo Federal ejerció su facultad establecida en el inciso c) del artículo 72 de la Constitución,

pero únicamente en la parte relativa a la obligación de aquellos receptores de recurso público a rendir declaraciones.

La opinión pública ha aplaudido tal acto “republicano y demócrata”, en el que ha quedado patente que el Presidente “ha tenido a bien escuchar al pueblo”, sin embargo, considero que lo que realmente se ha hecho es politizar el proceso legislativo relativo a un tema eminentemente ciudadano y legítimo.

Verán. Ahora, la discusión no se ha centrado sobre si los funcionarios tendrán realmente la obligación de rendir sus declaraciones y si estas serán públicas o no, ahora los analistas y el vox populi aplauden y vitorean el ejercicio al veto, conformando una hipérbole en el que se ha dejado de lado el tema central de la reforma: la transparencia y rendición de cuentas por parte de los funcionarios. Ello pudiera explicar el por qué en la Cámara de diputados transitó la reforma sin la menor modificación en su texto, dejándola intacta. Absurdo sería pensar que en Los Pinos no se conocía que el contenido de la reforma sería ese y que convertir una demanda ciudadana que atentaría eventualmente contra los intereses de la clase política, en un fugaz bono democrático. En nuestro estado se propuso una ley prácticamente bajo los mismos términos y únicamente un legislador ha hecho pública la declaración multicitada, y fue aquel que presentó esta iniciativa a nivel local: Héctor Gómez Trujillo.

¿Qué parabienes le deparan a esta iniciativa ciudadana? Solo el tiempo lo dirá, aquí en el país en el que todo es posible.

La #Ley3de3; una hipérbole política

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