Los diputados no somos instancia ejecutora: Sergio Solís
Autor: Redacción
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09:44 PM 04/04/2011
Es una lamentable confusión la de suponer que los diputados del Congreso del Estado de Michoacán pudieran tener responsabilidad directamente en la aplicación de recursos y programas sociales, aclaró el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Sergio Solís Suárez.
Respecto de una serie de versiones periodísticas en las que un legislador federal pide fiscalizar los recursos para gestión obtenidos por diputados locales, el también presidente de la Comisión de Fortalecimiento Municipal aseguró que los recursos y los programas sociales son responsabilidad directa de los poderes ejecutivos federal, estatal y municipal, por lo que no es la representación popular la que debe ser fiscalizada por su ejecución.
En este tenor, Solís Suárez explicó que los tres niveles de gobierno son los que deben comprobar la aplicación de los recursos y de los programas públicos que ejercen, como está previsto en la ley, ya que el Poder Legislativo no cuenta con programas de obras y acciones, mucho menos con recursos para la implementación de programas sociales.
Los diputados tienen cuatro atribuciones fundamentales, de las cuales la principal es legislar y les siguen la fiscalización de los recursos públicos, la representación popular ante la Asamblea que constituye el Congreso del Estado y la gestoría social en beneficio de sus representados, la cual se hace ante autoridades federales, estatales y municipales, así como ante asociaciones civiles e instituciones privadas.
Sergio Solís aseguró que en ese sentido los diputados sólo fungen como gestores al convertirse en el vínculo entre ciudadanos e instancias de gobierno, lo que está contemplado en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado.
Sin embargo, reconoció que a lo largo de los años han prevalecido las confusiones, tanto con los legislativos locales como con el propio Congreso de la Unión, por lo cual consideró necesario aclarar que los legisladores no deben comprobar de manera directa cómo se ejercieron los recursos, puesto que finalmente no son los que manejan los programas sociales, sino los que hacen la gestión para que las autoridades ejecuten sus planes y programas de acuerdo con sus reglas de operación.
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